Una de las principales causas de esta falta estructural de
puestos de trabajo en España es el escaso desarrollo del sector
público y, muy en particular, de los servicios públicos del
Estado del Bienestar, tales como sanidad, educación, servicios
sociales, escuelas de infancia, servicios de ayuda a las personas
con dependencia, vivienda social y otros servicios, como veremos
en el capítulo siguiente. Si España, que en estos momentos
tiene un 9 por ciento de su población empleada en estos servicios,
tuviera el porcentaje que tiene Suecia (25 por ciento),
tendría como poco 5 millones de puestos de trabajo más de los
que tiene ahora, cifra que es superior, por cierto, al número de
desempleados actual, lo que significa que el desempleo no existiría
en España.
Tales puestos de trabajo podrían financiarse con los 200.000
millones de euros más de los que recibe el Estado español
(tanto central como autonómico y municipal) si éste tuviera la
política fiscal que tiene Suecia, como veremos en el capítulo de
la financiación de la economía.
El problema, pues, no es económico, sino político, y ello
aparece con toda claridad cuando se analiza quién paga
impuestos en España, y más concretamente que la mayoría de
su recaudación procede de las rentas del trabajo. La población
que está en nómina paga, en general, unos impuestos que proporcionalmente
son semejantes a los impuestos de sus homólogos
en la Unión Europea de los Quince, y sólo ligeramente inferiores
a los que pagan sus homólogos en Suecia.
El trabajador de Seat, por ejemplo, paga en impuestos el 75
por ciento de lo que paga el trabajador de Volvo. Pero los
españoles ricos y los grupos de gran poder fáctico (banca y gran
patronal) pagan en impuestos sólo el 20 por ciento de lo que
pagan sus homólogos en Suecia. Una circunstancia que sólo se
puede explicar gracias al enorme poder político y mediático de
estos últimos, que impone las políticas fiscales regresivas que,
en gran parte, son las que explican los bajos ingresos al Estado
y la escasa creación de empleo público.
En contra de las falsedades que se vienen diciendo para justificar
el recorte del gasto y del sector público, lo cierto es que
España es uno de los países integrantes de la UE-15 con un sector
público de menor tamaño. Nuestro porcentaje de población
empleada en él sobre el total de población activa era del 12,75
por ciento en 2008 mientras que el de Dinamarca llega al 31,27
por ciento, el de Finlandia al 24,64 por ciento o el de Suecia al
26,2 por ciento en 2007. Y, a diferencia de lo que también se
afirma, el crecimiento del empleo ha sido más rápido en el sector
privado que en el público.
Es verdad que desde 2000 hasta 2008 el gasto público realizado
por España ha aumentado de forma significativa, con una
media del 5 por ciento anual, que es superior a la de la UE-15,
que fue del 3,4 por ciento. Pero hay que tener en cuenta que el
déficit que presenta España en cuanto a gasto público respecto
a la UE-15 es muy grande. Así, a pesar de este crecimiento,
todavía tenemos un gasto público por habitante de 2.600 euros
(estandarizados) menos que el promedio de la UE-15.
Además, España era en 2008 el país de la UE-15 que menos
gastaba en salarios a los trabajadores públicos y el quinto que
menos gastaba en compensación salarial a sus empleados
públicos por habitante.
Y por ello resulta que para crear empleo sea necesario y
urgente dimensionar nuestro sector público, al menos como en
los países más desarrollados de nuestro entorno, aumentar los
impuestos y su progresividad y, como veremos en el capítulo
siguiente, reducir el déficit social de España, que tiene el gasto
público social por habitante más bajo de la Unión Europea de
los Quince.
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